18/05/2015 – El colectivo de personas afectadas presentará un Contencioso Administrativo contra el sorteo de los pisos que se construyeron para realojar a los inquilinis de Venus antes de su derribo.
Venus entra en campaña electoral. Los vecinos de La Mina vuelven a hacerse oír estos días a raíz del sorteo de los pisos que, en principio, fueron construidos para realojar a los inquilinos del edificio Venus antes de su derribo. A principios de año, unas 230 viviendas del barrio, edificadas como parte del plan de transformación urbanística i social de la zona, fueron traspasadas a la Agència Catalana de l’Habitatge para que iniciara el proceso de adjudicación. El pasado lunes, el polideportivo del barrio acogió el sorteo de alquiler de los inmuebles, cuyos precios oscilarán entre los 260 y los 430 euros, que atrajo a más de 400 personas. Allí, aquellos que acercaban a llamar a la diosa fortuna, vieron sorprendidos como decenas de vecinos de La Mina se manifestaban y acusaban a la Administración de sortear unos pisos que les habían sido prometidos años atrás y que, en última instancia, con la decisión de mantener Venus en pie tras una reforma, les han sido negados.
El pasado 27 de febrero, la oposición del pleno adrianense aprobó una moción para cumplir el plan de transformación, derribar el demacrado bloque y realojar a los vecinos. El 14 de abril, antes de enzarzarse con la Justicia, la plataforma de afectados de Venus requirió oficialmente en el Ayuntamiento el cumplimiento de dicha moción y una reunión para fijar el plazo de los realojos. Un mes de silencio administrativo. A fecha de 8 de mayo, hace unos días, entraron un segundo requerimiento, que de momento tampoco tiene respuesta. Ante esta situación, la comunidad ha abierto dos frentes: la presentación de un Contencioso Administrativo, que el Colectivo Ronda de abogados está preparando, para paralizar el proceso de adjudicación de los pisos, y protestas constantes. “No nos queda otra que molestar para que vean lo mal que lo han hecho”, dice la portavoz de los vecinos, Paqui Jiménez.
Además de la protesta antes del sorteo, el lunes 11, los afectados se manifestaron dos veces en la puerta de la Casa de la Vila la pasada semana y volverán a hacerlo ésta nuevamente. Además, preparan eventos y actos para recaudar los recursos necesarios para sufragar las costas judiciales.
Des de la Administración argumentan que, a día de hoy, el derribo y realojo está fijado entorno a los 28 millones de euros, una cantidad inasumible, aseguran desde hace meses, y que todos los vecinos han tenido la oportunidad de realojarse, pagando una diferencia de entre 30.000 y 34.000 euros, y de optar a un alquiler social entorno a los 100 euros mensuales.
