La noticia se acabó de confirmar en el pleno del Ayuntamiento del mes de mayo y en boca de la regidora de Urbanismo de Sant Adrià, la concejal Ruth Soto: “un titular de propiedad privada ha comprado 22 pisos en La Catalana y el régimen vigente permite que se pueda dar licencia de equipamiento turístico”.
Una afirmación que cayó como un jarro de agua fría en la Asociación de Vecinos del barrio y la consecuente movilización para que la manzana al completo fuese conocedora de la futura finalidad de una de las fincas del distrito.
Pocos después de que finalizara a finales de 2017 la moratoria que cerraba el grifo a los ciudadanos para presentar declaraciones de uso responsable, empezó a producirse un run run en el barrio sobre la compra a Neinor (promotora de la edificación) de 22 viviendas por parte de un titular privado.
El rumor se acabó confirmando y desde entonces los vecinos se han movilizado con pancartas y las redes sociales como altavoz digital para evitar el uso turístico en el barrio. Además, de forma anónima, han aparecido pintadas de repugna en las pareces de la finca.
Ordenanza Municipal Reguladora Uso Turístico
A principios de 2018, el pleno aprobó en el mes de enero la ordenanda municipal reguladora de los pisos de uso turístico, donde se especifica la descripción de una vivieda turística, los requisitos a tener en cuenta y las sanciones posteriores ante el incumplimiento de éste.
Hace unos días, la Asociación de La Catalana se reunió con el el alcalde Joan Callau y la concejal Ruth Soto donde se pusieron sobre la mesa los estatuos de la Mancomunidad, la única baza que le resta en la récamara a la agrupación de vecinos para evitar el uso turísticos. La normativa vigente especifica que no se le puede dar un cambio de uso al piso y será la Generalitat quien de la razón a los vecinos, tras enviarse la ordenanza de la vivienda.
