Deben declarar por supuestas irregularidades en la concesión de las piscinas descubiertas durante diversos veranos, al igual que otras seis personas vinculadas al Ayuntamiento.
El Juzgado de Instrucción 2 de Badalona ha citado al alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, para que declare como investigado el 27 de junio por las presuntas irregularidades en torno a la concesión como discoteca en los veranos de 2008 a 2012 de las antiguas piscinas descubiertas, y que luego se prolongó de 2013 a 2015 con otro contrato a través del Consell Comarcal del Barcelonès. Para el 2 de julio se prevé que asista también como investigado el concejal de Hacienda, Pedro Rivero, quien hasta no ahora no figuraba en las pesquisas. Ambos ediles han recibido la notificación del juzgado.
A su vez, el juez reclama que el ex concejal y directivo de la empresa municipal Eusab, Ricardo Silvestre, y cinco personas más vinculadas al Ayuntamiento acudan a declarar entre el 4 y el 11 de julio, a las que también incrimina. Son la arquitecta municipal María Teresa Juncosa; el secretario municipal, Josep Reverendo; la jefa del servicio de Territorio, Gloria Viladrich; el jefe de la sección jurídica de Territorio, Enric Padrós, y el técnico José Leal. También se requiere al gerente del Consell Comarcal, Jaume Vendrell, y la secretaria del organismo, Marta Gibert. Fiscalía ha solicitado que todos ellos testifiquen.
En los mismos hechos se implica al ex alcalde Sito Canga desde 2015. Entre otros aspectos, se indaga si él o su entorno percibieron supuestos sobornos a cambio de conceder el actual equipamiento en desuso a la sociedad Gimesport, dirigida entonces por el empresario Emilio Fernández. En ese sentido, el juez ordena examinar ahora la venta de dos pisos a hijos del ex edil. En ocasiones anteriores, Canga ha negado haberse lucrado con la política.
Una comparecencia en espera desde hace un año
La comparecencia de Callau en el juzgado se aguarda desde hace más de un año, cuando el juez implicó a petición de Fiscalía al alcalde y otros miembros del Consistorio por la cesión de la piscina infringiendo presuntamente distintas normas para instalar una discoteca que abrió al público sin disponer supuestamente de todos los permisos. Por el momento, no se atribuyen delitos concretos a cada uno de los investigados, aunque el fiscal Jordi Casas detecta “sólidos indicios” de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.
El último escrito del fiscal con el que se amplía la investigación describe un cúmulo de presuntos quebrantos reiterados de la ley desde que, amparándose en el decreto de sequía que Cataluña atravesaba hace 10 años, el Ayuntamiento facilitó que se asentara un espacio de ocio nocturno. Fiscalía atribuye a Canga, Callau, Silvestre y Rivero un supuesto plan “deliberado” para ampliar a Gimesport la concesión que ya disponía sobre el complejo deportivo de Marina Besòs con el fin de que regentara una sala de fiestas, sin tener que competir en un concurso público con otros posibles aspirantes.
“No sólo suponía obrar en abierta contradicción con el ordenamiento jurídico vigente, sino que asimismo implicaba un claro perjuicio para el erario público, pues no debe olvidarse que, para el caso de haberse sacado a concurso aquella nueva concesión demanial, ello necesariamente hubiera generado en favor del Ayuntamiento el derecho de percibir un nuevo canon concesional”, sostiene la Fiscalía en el último informe remitido al juzgado.
“Aquella actividad no podía ser autorizada ni tan siquiera con carácter provisional”, afirma Fiscalía con rotundidad, que enumera una retahíla de hechos sucedidos a lo largo de los veranos en que la sala de fiestas permaneció activa, sea con el consentimiento del Ayuntamiento o del Consell Comarcal, y que cataloga de “abiertamente contrarios a la normativa”. Entre otros, el fiscal se refiere a que, en 2009, la concesión para explotar la piscina se tramitó de urgencia sin justificación para ello y obviando presuntamente previsiones como analizar si la actividad revestía interés público o que el proyecto y las cláusulas que lo regían fueran sometidas a la aprobación del pleno municipal. También explica que la discoteca superó el nivel de ruido permitido en al menos cinco noches de 2010 y el Ayuntamiento la castigó con una multa leve de 600 euros, cuando sostiene que debiera haberse impuesto “una pluralidad de sanciones”, entre otras medidas.
Licencias e importes en cuestión
Ya con la concesión efectuada por el Consell Comarcal a un nuevo adjudicatario, Innovaciones Calem, el Ministerio Público remarca que la rebautizada como discoteca La Atlántida se inauguró sin contar “con licencia de ningún tipo”. Añade que, pese a esa anomalía, Calem recabó permisos en 2013 del Consistorio para organizar diversos eventos y que fueron otorgados por Rivero, según apunta el fiscal. El Ministerio Público infiere que “no cabía autorización” para ello y sostiene que la empresa perseguía con esas licencias que la zona de ocio funcionase “de modo permanente” aquella temporada y “sorteando impedimentos legales”.
Además, el fiscal reprocha que el Ayuntamiento fijara de un modo que cree “arbitrario” un canon de al menos 25.000 euros para ocupar la piscina, “claramente perjudicial para los intereses del erario público, fruto de su reducida cuantía”. En su contratación, el Consell Comarcal elevó el importe a un mínimo de 60.000 euros y Calem se comprometió a abonar 210.000 euros a repartir entre el Consell y el Ayuntamiento. Precisamente, se investiga al gerente y al secretario del órgano comarcal por diferentes órdenes con que rebajaron, aplazaron o anularon provisionalmente importes que la adjudicataria debía abonar. Fiscalía recuerda que no consta que Sant Adrià y el Consell Comarcal hayan cobrado los últimos importes reclamados a Calem, que se declaró insolvente y contra la que se interpusieron contenciosos para percibir los cobros tras renunciar a mantener su responsabilidad sobre las piscinas en 2016.
