01/12/2016 – El Consistorio se ha visto obligado a incrementar las ayudas para pago de suministros en más de un 40% de 2015 a 2016.
A principios de mes, el barrio de La Mina fue uno de los ejemplos más claros y gráficos de las consecuencias de la pobreza energética. Dos de los portales del edificio Venus se quedaban sin luz y decenas de familias, a oscuras. El pago de los suministros, como el de las hipotecas, empezó a ser un lujo para personas en delicada situación económica hace algunos años, pero no fue hasta hace un par cuando las administraciones empezaron a dedicar una atención particular y concreta hacia estas situaciones.
La primera partida específica para ayudas paliativas de pobreza energética en Sant Adrià se perfiló, de hecho, en 2015. El Ayuntamiento atendió durante el pasado año un total de 162 casos a los que destinó un importe de casi 38.000 euros. Pero las cifras han aumentado mucho en unos pocos meses. Aunque la contabilización de 2015 comenzó en a partir del segundo trimestre, la comparativa con este 2016 resulta muy significativa. Hasta mediados del mes de noviembre, a falta de más de un mes para cerrar el ejercicio natural, los Servicios Sociales se han encargado de articular subvenciones para 254 solicitudes que no podían asumir el pago de los suministros. En total, casi 54.000 euros; un incremento presupuestario de más del 40%.
De momento, el Consistorio tiene bajo previsión una partida anual y abierta hasta 2019 de 300.000 euros para dotar las atenciones relativas a pobreza energética. La administración local dispone de unas listas con las familias de la ciudad que padecen una coyuntura de vulnerabilidad. De esta forma, puede cruzar sus datos con las de las personas que no pueden pagar los suministros.
Endesa, por ejemplo, envía varias veces a la semana listas con aquellos vecinos y vecinas que tienen dos recibos pendientes. El Ayuntamiento las comprueba y actúa para impedir los cortes a través de un informe, siempre y cuando los afectados se encuentren bajo los supuestos que contempla la ley. Si no residen en las familias identificadas, se contacta con ellos para que acudan a Servicios Sociales y puedan acreditar su situación de vulnerabilidad.
Por ley, todas las empresas están obligadas a comunicar los posibles cortes a los ayuntamientos, aunque se han dado casos en los que la compañía lo ha incumplido. También en Sant Adrià. Uno de ellos fue en un piso tutelado de la Associació Pro-Disminuïts Psíquics de Sant Adrià; Gas Natural-Fenosa realizó un corte y, aunque el problema fue solucionado, el Ayuntamiento formalizó una queja. Desde la oposición, no obstante, reclaman más dureza en casos similares e instan a materializar sanciones. El segundo caso sin aviso fue el de las porterías 9 y 11 de Venus.
La Mina, el barrio con menor esperanza de vida de Catalunya
El conseller de Salut, Antoni Comín, presentó hace escasos días en Badalona el nuevo modelo de redistribución del presupuesto del Departament en lo que a centros de atención primaria se refiere. Los pagos se guiarán a través de un nuevo índice socioeconómico que quiere resultar una de las piedras angulares del presente mandato en Salut. Se trata del 'Índice de privación', que quiere dar más peso a los factores sociales que a la cantidad de población de cada territorio. Uno de los elementos usados para su elaboración ha sido la esperanza de vida, que en el barrio de la Mina desciende hasta los 79 años, la cifra más baja de Catalunya, y por debajo de la media entre las cinco área básicas con más necesidades, de 81,1 años. Comín quiso remarcar lo condicionadas que están las personas de barrios como el adrianense por el entorno social. Quiso ejemplificar la desigualdad que se produce en poco espacio realizando la comparación con el barrio de Valldoreix, en Sant Cugat, la zona con mayor esperanza de vida. Unos pocos kilómetros los separan, pero la distancia en cuanto a vida es de más de 5 años.
