02/06/2016 – Los juzgados investigan en una pieza separada del caso principal posibles delitos contra la administración pública.
El caso de la concesión de las piscinas Marina Besòs como discoteca, más allá del último lustro, continúa embarullándose. Después de las declaraciones del exalcalde Sito Canga y del empresario Emilio Fernández, antiguo responsable de Gimesport, a principios de octubre, por una querella interpuesta por otro grupo de ocio, San Adria Beach 2012, el pasado mes de abril se dieron algunas novedades a raíz de la conclusiones del fiscal de los juzgados de Badalona.
Del caso principal, que, a priori, no tardará en resolverse, ha surgido ya una pieza separada por la existencia de “indicios racionales de la comisión de varios delitos contra la administración pública”, entre los que estaría envuelto, siempre según el Ministerio Fiscal, el propio Canga, tal y como avanzaron los compañeros de El Mundo.
La Fiscalía atribuye al exlíder socialista los delitos de prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios, por haber permitido la apertura y explotación “irregular”, presuntamente, de una discoteca sin la obtención de la licencia ambiental, así como por haber negociado “amañar” la concesión de la misma. Así las cosas, los juzgados de Badalona han abierto diligencias e investigan ya el caso, que se alargará más de lo que todo parecía indicar inicialmente.
“Se infiere la existencia de un concierto en cuya virtud el exalcalde toleró durante varios años, no solo que la actividad de discoteca fuera explotada de modo irregular, sino que dicha actividad fuera ejercida previa la obtención de licencia ambiental”, reza el auto del fiscal, quien considera que “los responsables municipales necesariamente debían tener constancia de la cesión ilegal de la concesión administrativa” de las carpas, que Gimesport subcontrataba a un tercero para su explotación.
Un cierre decretado en agosto que no se produjo hasta noviembre
En agosto de 2010, el entonces alcalde decretó el cierre de la discoteca instalada en las carpas por “deficiencias que podían afectar a la seguridad de las personas”, aunque dicha clausura no se produjo hasta principios de noviembre. “El hecho de que la clausura se dilatara hasta el mes de noviembre apunta en buena lógica a la voluntad de permitir explotar el negocio durante el verano, por tratarse del periodo susceptible de generar mayores ingresos. Se produjo autorización de facto de la actividad, susceptible de ser calificada como constitutiva de un delito de prevaricación administrativa”, sostiene el Ministerio Fiscal.
“Concierto para amañar la adjudicación”
La Generalitat aconsejó la suspensión de la adjudicación a finales de 2012, y en 2013 se impulsó la creación de un nuevo concurso para volver a poner en marcha la actividad en el espacio de Marina Besòs. Según el fiscal, el nuevo proceso tampoco fue claro. “Se infiere con meridiana claridad la existencia de un concierto dirigido a lograr el amaño del concurso celebrado en el 2013 en relación a la adjudicación de la nueva concesión administrativa”, lo que supondría “un delito de fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos”.
Más allá de las posibles acusaciones, el Ministerio Fiscal también califica de “irregulares” todas las adjudicaciones anteriores a Gimesport porque “la finca era propiedad del Consell Comarcal”, mientras que los concursos los impulsó el Ayuntamiento, y porque, dice, “parece que el canon a satisfacer por Gimesport pudo ser fijado de modo irregular”.
Además de todo eso, la Fiscalía añade que “existen indicios de que la calificación urbanística de la finca no admitía en realidad los usos que se autorizaron al permitirse explotar una discoteca”.
