07/11/2017 – Fiscalía ve “notables indicios” de que el ex edil habría obtenido ganancias ilícitas en el caso de la discoteca.
El Juzgado de Instrucción 2 de Badalona ha ordenado examinar el patrimonio del ex alcalde socialista Sito Canga y su familia después de que Fiscalía haya comunicado que ha detectado “notables indicios” de que el ex edil obtuvo presuntamente algún tipo de soborno durante su mandato. Canga -que fue alcalde entre 1996 y 2013- es investigado en una causa iniciada en 2015 por la apertura de una discoteca en las piscinas públicas descubiertas sin disponer supuestamente de todos los permisos. También se incrimina a su sustituto en la Alcaldía, Joan Callau, y otros cargos del Ayuntamiento.
En un escrito remitido al juez, el fiscal Jordi Casas advierte que las pesquisas apuntan a que “Canga habría recibido dádivas a cambio de su intervención en asuntos administrativos”, vinculados a la concesión del equipamiento para ubicar una sala de ocio nocturno desde 2008 y durante varios veranos. El Ministerio Público sospecha a partir de “diversos correos electrónicos y archivos audiovisuales” hallados en los equipos informáticos intervenidos a uno de los seis empresarios encausados en el proceso. El ex dirigente ha negado a este medio que se lucrara con la política.
Atendiendo a Fiscalía, el juzgado ha mandado a la unidad de delincuencia económica y blanqueo de capitales de la Policía Nacional que compruebe si el ex alcalde percibió sobornos relacionados con los hechos. El magistrado también ha requerido los movimientos en cuentas bancarias de Canga, su esposa y sus hijos desde 2008 hasta la actualidad, así como su eventual participación en empresas.
El fiscal señala que un hijo de Canga sucedió como administrador de la empresa Cogeneración Deportiva SL a Emilio Fernández, promotor de la discoteca y con el que el ex edil mantuvo amistad. El Ministerio Público sugiere “la posibilidad” de que “la entrega de cantidades económicas pudiera haberse articulado a través de aquella sociedad”. El juez ha pedido al Ayuntamiento que informe si contrató a dicha mercantil.
Fiscalía cree que Canga toleró supuestamente que Fernández instalara la sala de fiestas sin superar todos los controles y conservara la concesión pese a detectarse irregularidades, como que el empresario realquilase espacios del recinto sin recabar la autorización del Consistorio. Al ex alcalde -que rebate las acusaciones- se le imputan los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la administración.
A su vez, el juez solicita información diversa al Ayuntamiento de Sant Adrià y al Consell Comarcal del Barcelonès, institución que Canga presidió y que es propietaria de la piscina. Entre otros datos, reclama las retribuciones desde 2011 hasta 2017 de Canga, el actual alcalde y el gerente del Consell Comarcal.
La zona de ocio nocturno abrió hasta 2014, cuando las quejas de los vecinos por ruidos abundaron. En sus dos últimos años, la regentóInnovaciones Calem, controlada por el grupo Amnesia, que proyectó una macrodiscoteca en el Fòrum. Calem renunció a la concesión en 2016, dejando a deber más de medio millón de euros al Ayuntamiento y al Consell Comarcal. En la actualidad, se declara en concurso de acreedores.
El juez ha instado al Consistorio a que certifique si la empresa ha abonado o no la deuda, objeto de otros contenciosos. Las piscinas públicas permanecen cerradas y destrozadas desde hace tres años y, ahora, el Área Metropolitana de Barcelona sufraga 40.000 euros para limpiar la instalación, pendiente de saberse si se derruye.
