29/01/2018 – El Consorcio de la Mina demandó primero por la vía penal, pero ha tenido que pasar a la vía civil después de que no hayan prosperado.
Las ocupaciones de los pisos de la parte más nueva de la Mina que se produjeron de forma masiva durante el mes de julio van para largo. El enquistamiento del problema, que estalló en unas pocas horas de forma 'exprés' y organizada, se temía en buena parte del barrio, y se ha terminado confirmando.
El Consorcio de la Mina, órgano encargado de la gestión del barrio que conforman distintas administraciones, como Ayuntamiento y Generalitat, denunció la situación los días siguientes a las ocupaciones ilícitas. Hace semanas, no obstante, los juzgados de Badalona, responsables de los casos, desestimaron las demandas, que se habían presentado por la vía penal.
Ninguna de las más de 50 denuncias interpuestas han prosperado, ya que la ocupación de vivienda no está regida por el código penal. Ahora será la vía civil, de procedimiento más lento, la que tenga que dirimir la conclusión del embrollo. Además, las demandas comienzan de cero, ya que los juzgados no han redirigido las denuncias y el Consorcio tuvo que presentar nuevas.
En definitiva, más de medio centenar de viviendas de protección ocupadas ilegalmente, 58 según el Consorcio y cerca de 70 según los datos que se manejaban en el pleno del Ayuntamiento de Sant Adrià, y sin solución temprana. Cumplidos cinco meses desde la noche de marras, el procedimiento vuelve a prácticamente reiniciarse, y las previsiones son casi estériles.
Desde la administración aseguran no haber entablado diálogo con las personas de los pisos ocupados, pero sí con los vecinos y vecinas que vivían antes de producirse el incidente, y que han sufrido en primera persona la oleada. “Con los ocupas nunca nos hemos reunido”, explica el alcalde de Sant Adrià, Joan Callau.
De hecho, el Consorcio afirma haber consensuado con la comunidad de vecinos que viven de forma legal la vigilancia privada que se contrató, y que aposta a dos personas de seguridad de siete de la tarde a siete de la mañana, para patrullar en las escaleras y aparcamientos. Además, apuntan, Mossos mantiene un dispositivo especial.
La administración desmiente cualquier grave problema de convivencia en estos meses, si bien Joan Callau remarca que se hace un control muy estricto del suministro de servicios para evitar el consumo ilegal. En este sentido, el Consorcio mantiene reuniones constantes con los vecinos afectados “para gestionar el impacto de la convivencia”.
Ni Consorcio ni Ayuntamiento se atreven a pronosticar con qué tempos se podrá conseguir una solución, pero mantienen estar encima del problema. “Los ritmos de la Justícia son los que son y hacemos todo el acompañamiento necesario”, replica el alcalde.
