23/02/2016 – La discreción y el anonimato son una constante en el barrio, que vive una situación de calma por la fuerte presencia policial, pero con cierta tensión de fondo.
El asesinato de un joven de 28 años a finales de enero en el Port Olímpic de Barcelona puso en pie de guerra a toda su familia, los ‘Baltasares’, y provocó, en muy pocos días, la huida de centenares de personas de la Mina, sabedoras de las desgraciadas consecuencias que el incidente podía acarrearles en forma de ajuste de cuentas. Al menos 300 familias, según algunas fuentes, o 400 personas, según otras, pertenecientes al clan de los ‘Peludos’ principalmente, pero también a los ‘Zorros’, ‘Manueles’ y ‘Cascabeles’, se marcharon “con lo puesto” las jornadas posteriores a la noche del 24 de enero.
La discreción y el anonimato son una constante desde entonces en el barrio. Una vecina gitana denuncia que la huida por miedo ha afectado a muchas personas que no tienen nada que ver con el mundo de las drogas y la violencia y que no participaron en modo alguno en la fatídica fiesta de cumpleaños del Port Olímpic que acabó con la muerte del muchacho. Que ante las amenazas de la familia ofendida, prosigue, el clan acusado ha repartido la presión señalando a otros clanes del barrio con los que mantienen algún parentesco, pero muy poca relación cotidiana. Así el éxodo, explica, ha tocado a muchas familias “trabajadoras y humildes, que se dedican a la chatarra” o que tienen empleos precarios, que han tenido que abandonar para huir casi sin recursos, con una mano delante y otra detrás.
La situación es de tranquilidad, a pesar de todo, en el día a día del barrio. La cantidad de gente que se ha marchado ha dejado calles y pisos vacíos que, de momento y durante bastante tiempo, parece, no recuperarán su actividad habitual. “Cuando hay una muerte, la marcha de la familia es algo habitual de la cultura gitana. Ha sido así siempre, por respeto. Esta vez, no obstante, han señalado las raíces más profundas del muchacho, que no estaba solo cuando se produjo la agresión”, cuenta otra vecina. Se refiere al presunto homicida de la noche del Port Olímpic. Al haber participado en el ataque varios jóvenes, la afectación se extiende a mucha más gente que en anteriores episodios de este tipo.
La marcha se extiende por los árboles genealógicos más allá de hermanos, tíos o primos, prácticamente hasta los ‘primos cuartos’. Los ‘Peludos’, cuenta esta vecina -que insiste mucho en reclamar el anonimato-, es uno de los clanes más extendidos, por eso se ha ido tanta gente. Y en la Mina, asegura, hay a día de hoy bares y negocios cerrados, plazas vacías y clases sin niños. “Los Mossos no lo entienden, cuando hay un muerto gitano, se le hace justicia sí o sí. Hay muchas cosas bonitas de la cultura gitana, pero ahora estamos viendo la peor cara”, suspira.
La calma y tranquilidad que se viven no son cuestión de azar ni fortuna. “El silencio está impuesto por la labor que los Mossos deberían haber empezado hace tiempo”, reconoce un vecino. Explica que la policía catalana está “actuando fuerte”, con un despliegue sin precedentes a nivel de recursos y con operativos constantes. “No es la solución definitiva, pero es necesario y ha traído mucha calma. Esta presión, no obstante, no puede durar siempre”.
Sant Adrià, desolada por la situación
También Sant Adrià intenta sobrellevar la situación con toda la discreción posible. “No conviene que esto forme parte del espectáculo mediático”, lamentaba ante los periodistas el alcalde Joan Callau la pasada semana. El gobernante adrianense admite que se trata de un caso “muy grave” que se vive con “desolación”, porque afecta a la “moral de toda una ciudad”. “Cuando se potencia el estigma y el mito, nos hundimos cada vez más”, considera Joan Callau.
La pasada semana, cuatro conselleries de la Generalitat y cuatro ayuntamientos, Barcelona, Badalona, Sant Adrià y Santa Coloma, se reunieron en el Parlament para coger el toro por los cuernos. O al menos eso aseguraron. Las administraciones han creado una mesa técnica para poner recursos e informaciones en común y trabajar por poner paz entre familias y garantizar el bienestar de los afectados. De momento, no han trascendido medidas concretas.
