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Los chabolistas no quieren marcharse de La Mina

Jordi Ribalaygue / Javier Torres - 17/04/2017
Los habitantes del campamento regresan tras una jornada de trabajo / J. Torres

“¡También somos europeos! ¡Y tenemos sangre hermana! ¿Por qué no una ayuda?”, exclama Alejandro, señalando hacia los inconfundibles edificios de La Mina. Habita una de las barracas que desde diciembre ocupan una parcela pública entre las vías del tren y la calle Estrelles de Sant Adrià. Su futuro es incierto: la mayoría de partidos en el Ayuntamiento aprobó frente a la oposición de Sant Adrià en Comú y ERC iniciar los trámites para desmantelar el asentamiento, para el que no hay fecha.

Al mismo tiempo, el gobierno municipal busca dar con una solución junto a la Generalitat antes de expulsar a las tres familias gitanas procedentes de Rumanía que se han instalado. Son 11 personas que malviven en unas pocas chabolas levantadas con recursos y materiales recogidos de la basura y la calle, pero con una destreza inequívoca que ha evitado goteras y filtraciones los días de intensas lluvias de finales de marzo y principios de abril. “Por la noche, hace un poco de calor”, reconocen sobre los habitáculos, que cierran bien al irse a dormir para impedir que entren las ratas que pululan en el descampado.

“Estamos tranquilitos aquí”, cuenta Alejandro, que apunta hacia las aberturas en la reja que circunda el terreno, por donde salen con los carros a la búsqueda de chatarra y que también son puerta de acceso para los toxicómanos que consumen droga cerca de los raíles, como demuestran las jeringuillas arrojadas entre hierbajos. “Entran por ahí y se drogan… Nosotros tranquilos”, manifiestan.

Nos acercamos pasadas las siete de la tarde al campamento. Sus habitantes regresan a cuentagotas, con grandes carros de supermercado cargados de chatarra y objetos que han recogido a lo largo de la jornada. Salen pronto y vuelven al ocaso, después de deambular durante horas a la caza de bienes con cierto valor. Pueden ganar unos 10 euros diarios, aunque admiten que hay salidas mucho más flojas.

“Un día 10 euros; otro tres, cuatro o cinco euros”, calcula Alejandro, que observa un bombo de una lavadora y otras piezas desparramadas en el suelo. “Esto, tres euros”, echa cuentas. Lo venden en una chatarrería cercana a la plaza de Glòries de Barcelona, donde también se halla uno de los mayores asentamientos chabolistas de la capital. “El papel es muy barato, por un carro de estos después de tres días te dan cinco o seis euros”, comenta el hombre, que afirma que desde que llegó a España hace unos tres años siempre se ha instalado en infraviviendas. El resto llegó durante 2016.

Sobreviven con una parte del poco dinero que ganan; el resto lo envían a Rumanía, donde se han quedado los hijos. “Todo el dinero que tenemos, poquito a poquito, cada dos o tres semanas se envía”, explican. “Aquí trabajamos, buscamos chatarra, comemos poquito… Eso es nuestra vida”, resume Alejandro. Para aliviar las carencias, han contado con los alimentos que les han proporcionado vecinos, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Cruz Roja. Desde que recientemente visitaron los servicios sociales del Consistorio, pueden acudir cada 15 días al Banco de Alimentos a avituallarse.

 En el último pleno municipal, el gobierno socialista aseguró que los barraquistas han renunciado a registrarse en la bolsa de solicitantes de pisos de protección oficial. Preguntados sobre el asunto, ellos no acaban de definirse, pero dicen que no podrían pagar el alquiler y los suministros de una vivienda con el jornal que cobran. “Algo que podamos pagar. Un poquito de luz, un poquito de agua…”, sugieren en un castellano escaso.

El Ayuntamiento se ha declarado incapaz de remediar la situación por sí solo argumentando que cuenta con una lista de una treintena de casos que, por su urgencia, necesitan acceder a una vivienda. El ejecutivo municipal se ha reunido con la Generalitat y la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (Fagic) para abordar la cuestión, sin que hayan trascendido propuestas de momento.

La decisión ratificada por el pleno da 10 días a los chabolistas a irse a partir de que se les notifique el acuerdo, lo que no consta que se haya producido. En ese supuesto y de no marcharse por su propio pie, el Consistorio prevé solicitar a una juez que autorice el desalojo del terreno público. “Son gente trabajadora, no se meten con nadie”, resalta el concejal de Sant Adrià en Comú Basilio Perona, con quien los chabolistas han entablado confianza.   

En el campamento no hay niños. Los hijos viven en Rumanía; de hecho, un par de barraquistas se ha desplazado a su país en las últimas semanas porque uno de los menores ha sido hospitalizado. La decena de personas que se afinca en el solar municipal son de edad madura, de entre 35 y 40 años los más jóvenes.

“Rumanía es muy duro. Todo muy duro. No ayudan nada”, lamenta Alejandro. Aunque también sus circunstancias son complicadas en Sant Adrià, donde ni siquiera tienen un punto fijo de residencia. Antes de aterrizar en este rincón de La Mina, estuvieron algunas semanas en La Catalana. Se mudaron después de que presuntamente les prendieran fuego en dos ocasiones a algunos de sus enseres.

Entre barracas, han habilitado un pequeño espacio para encender una hoguera, en la que cocinan y cerca de la cual colocan hortalizas o verduras que se van preparando poco a poco. Disponen de un generador que les proporciona la poca electricidad que necesitan: una bombilla dentro del habitáculo en el que duermen y un enchufe para cargar los móviles con los se comunican con su tierra y sus familiares. Por las noches, el poste publicitario gigante bajo el cual están asentados les proporciona la luz exterior que requieren.

El agua, después de ciertas polémicas entre partidos políticos en el Ayuntamiento, la recogen de las fuentes públicas. La utilizan para cocinar, pero también para ducharse tras calentarla. Han ingeniado un mecanismo rudimentario con una garrafa recortada y anclada a la pared, que usan para ducharse al aire libre.

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