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Las ruinas de la Atlántida: medio millón de deuda y litigios en una piscina pública destrozada

Jordi Ribalaygue / Javier Torres - 22/12/2016
El interior de la piscina ha ido en decadencia a marchas forzadas

Un paisaje desolador se oculta tras los muros de la piscina descubierta del Marina Besòs, un equipamiento público que lleva más de dos años cerrado y sin acoger actividad alguna desde el cerrojazo de la discoteca Atlántida. Algunos indigentes viven en el interior de la instalación, repleta de escombros tras ser pasto de chatarreros. El Ayuntamiento y el Consell Comarcal del Barcelonès (impulsores de la zona de ocio) no han tomado medidas para frenar el deterioro en esos 4.470 metros cuadrados, aparentemente ignorados y materia de litigio en los juzgados.
 
Tras la presuntas irregularidades en la concesión anterior a Gimesport (que provocó la imputación por supuesta estafa, prevaricación y otros delitos del ex alcalde Sito Canga, aún en fase de investigación), Innovaciones Calem pasó a poseer a partir de 2013 y hasta diciembre de 2017 del uso privativo de la piscina para gestionar la zona de ocio nocturno.
 
A pesar de que la sala no ha reabierto desde septiembre de 2014 y de los posibles incumplimientos del contrato cometidos, aún no se ha desposeído del derecho a la empresa. El Consell Comarcal (propietario del inmueble) aprobó en julio iniciar el proceso para resolver el acuerdo con la empresa, que renunció al espacio entregando las llaves el pasado 30 de junio.
 
Los destrozos en el espacio -ahora en una suerte de tierra de nadie- ya eran graves en 2015. La concesión era explícita en mandar a la empresa la vigilancia y el mantenimiento “durante la totalidad del período de vigencia de la concesión, incluyendo los períodos de inactividad en el recinto”.
 
El convenio obligaba a Calem a abonar 210.000 euros cada año a las arcas públicas (254.100 euros, sumando el IVA): 157.500 euros los cobraría el Consell Comarcal y el Ayuntamiento, 52.500 euros. La compañía no pagó nada de ese canon en 2015, y presentó demanda al considerarlo nulo porque desde la Casa de la Vila se había revocado la licencia de actividad tras las inspecciones que apuntaron que la discoteca había superado los niveles de ruido en 2014.
 
Calem tampoco ha sufragado el canon de 2016, con lo que la deuda supera el medio millón de euros. La empresa sostiene su negativa a abonar las cuantías en que el Consistorio impidió su actividad y que hiciera uso de las instalaciones emprendiendo los trámites para retirarle el permiso. La administradora única de Calem, Cristina López, evitó responder a este medio. Sí dijo que se habían iniciado varios procesos judiciales porque se habían sentido “expulsados por el Ayuntamiento”.   
 
Calem no ha sido nunca diligente en abonar los importes a los que se comprometió ni tampoco las administraciones han sido severas en exigir que pagase dentro de plazo. La firma nunca ha cumplido la obligación de traspasar el dinero en sendos pagos al Consell y al Ayuntamiento en mayo y julio de cada año, como indica el pliego de condiciones.
 
La Atlántida estuvo abierta al público en 2013 y 2014 sin haber aportado los correspondientes cánones, que Calem costeó al Consell ya fuera de temporada y con un retraso de entre cinco y ocho meses sobre lo estipulado. El atraso en las transferencias al Consistorio fue aún mayor.
 
Pese a que las condiciones de la adjudicación advierten de que se podrán cobrar intereses de demora a la concesionaria de posponer tan solo un mes el pago, el Consell Comarcal no se los reclamó en los años en que regentó la zona de ocio ni vio en esa pasividad motivo para quitarle la adjudicación.
 
La interventora del Consell recriminó al menos en un informe de julio de 2014 que se obviara el cobro de intereses, en contra de lo que es prescriptivo, y no se exigiera que la deuda se liquidara a tiempo. También se expresó en contra de que la gerencia del Consell anulara “preventivamente” el canon a facturarle a Calem en mayo de 2015 ante unas negociaciones para rescindir el contrato que, visto el estado actual de las piscinas, resultaron improductivas.

 
La deuda con Sant Adrià, de más de 100.000 euros
 
De la deuda de algo más de medio millón de euros que las administraciones reclaman a Calem, 105.000 euros se adeudan al Ayuntamiento por parte del importe que se exige a la empresa por el uso de la piscina en 2015 y 2016.
La compañía impugnó la factura que el Consistorio le reclamó el año pasado; la discrepancia se dirimirá en el juzgado. El Ayuntamiento explica que ha girado también la cuantía de 2016, sin que Calem lo haya abonado y  a la espera de que interponga otro posible contencioso. El gobierno local afirma que se impondrán los cobros con recargo.
Calem es propiedad del grupo Amnesia, del promotor ibicenco Martín Ferrer, que proyectaba una gran discoteca en el Fòrum y atraer negocios al puerto. En un escrito al Consell Comarcal en julio de 2015, la compañía dijo haber sido “expresamente invitada a concurrir por persona concreta” al concurso para administrar la zona de ocio de la piscina, por la que compitió con Gimesport, concesionaria del Marina Besòs hasta su reciente clausura.
La operación que Ferrer planeaba en el Fòrum se desechó a raíz de que las relaciones entre Amnesia y el Ayuntamiento se deterioraran tras el verano de 2014, tenso por las quejas por ruidos de una multitud de vecinos.
 
El gobierno no descarta el derribo de la instalación
 
El alcalde, Joan Callau, deja entrever que el Ayuntamiento no descarta que, cuando se aclare el limbo administrativo en que se halla la concesión, se derriben las decadentes piscinas donde se asentó la discoteca. “Creemos que, en un futuro que no sabemos cuándo será, el espacio debería ser parte del Parque del Litoral”, expresa el edil, que sugiere que una piscina descubierta se construya dentro del complejo de Marina Besòs, cerrado desde octubre tras la renuncia el concesionario.
Callau asegura que la idea del Consistorio se ha planteado al gerente del Consell Comarcal. Añade que ambas instituciones no se han reunido para abordar cómo se pone fin a la adjudicación a Calem –en la que, entre otros aspectos, debe determinarse si se reclaman compensaciones por daños- ni estudiar el coste de una eventual demolición.

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