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El Besòs reclama a Barcelona que eche a un traficante que vive con un alquiler social municipal

Javier Torres - 05/04/2016
La protesta vecinal de este lunes / Foto: Rocío Gutiérrez

Los vecinos del Besòs han cortado este lunes el puente que cruza sobre la Gran Vía, de la calle Argentina, en su protesta semanal contra la ocupación ilegal de pisos y el tráfico de drogas en el barrio. Más de 200 personas han vuelto a salir a la calle para reivindicar un barrio tranquilo y libre de delincuentes, pero esta vez han querido hacer más ruido, han ido un paso más allá y han señalado directamente a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
 
Desde que iniciaron las movilizaciones en octubre, cuando había cerca de una decena de viviendas ocupadas ilegalmente, varias de ellas utilizadas para el tráfico de drogas, y diferentes personas encargadas de organizar el menudeo en la zona, la situación se ha ido apaciguando. La presión vecinal y el trabajo de la administración han conseguido desalojar algunos de esos pisos y echar de ellos a una de las personas principalmente responsables de la venta de estupefacientes.
 
Todo y con eso, todavía resta otra cara que ya buena parte del vecindario reconoce de inmediato y que continúa manteniendo viva la distribución de la droga entre las calles del Besòs. Lo llaman ‘El Portugués’ y reside en un piso del número 24 de la Gran Vía, desde donde vende a través de un grupo de chavales del barrio, según cuentan los vecinos. Aunque es terreno municipal de Sant Adrià, el individuo y su familia están atendidos por los Servicios Sociales de Sant Martí. De ahí que se dirijan directamente a Colau.
 
“Pedimos que nos saquen la lacra que ha metido aquí Barcelona. La convivencia se ha hecho imposible”, dicen desde la AVV del Besòs. “Además del trapicheo, se mete con la gente y la intimida, tanto él como toda su familia”. Diferentes fuentes explican que los Mossos le detuvieron en un “pase de droga” y fue detenido, pero en seguida volvía a estar en libertad debido a las cantidades.
 
Fuentes municipales explican que Sant Adrià ya ha intercedido para intentar arrancar el problema de raíz, pero la situación no se puede remediar, dicen, mientras desde Barcelona no se tomen medidas y por ello también están presionando al municipio vecino.
 
Los servicios sociales de Sant Adrià y Barcelona ya se han reunido en al menos dos ocasiones para tratar de encontrar la solución a un desaguisado que salpica a ambas administraciones y en el que parece complicado delimitar responsabilidades. Desde la localidad en la ribera del río insisten en que es Colau quien debe atajar el problema, mientras que la capital considera que “la resolución de conflictos vecinales corresponde al ayuntamiento de la localidad donde estos se producen”, y que en caso de “detectarse alguna ilegalidad”, son los “cuerpos de seguridad correspondientes” los que deben actuar.
 
Barcelona niega pagarles ninguna ayuda de alquiler
 
Fuentes municipales de Barcelona explican que “la familia está atendida desde hace años por diversos servicios de Barcelona, donde los menores están escolarizados y donde tienen sus referentes de atención sanitaria”, y que eso se ha mantenido “porque habían residido en Barcelona hasta diciembre de 2014”. No obstante, aseguran que “escogieron el piso donde viven, por el que consiguieron un contrato legal con un privado” y rechazan que se trate de una “vivienda de protección asignada por los servicios sociales” o que reciban “ninguna ayuda para el alquiler”. El único motivo por el que no se ha traspasado la atención social a Sant Adrià, aclaran estas fuentes, es que acabaría “suponiendo un cambio de escuelas y de servicios sanitarios” y optaron por “esperar a la estabilización de la situación”, dado que “residen en Sant Adrià de forma estable y manifiestan intención de permanecer allí”.

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